La desidia insular y la falta de previsión salen a relucir cada vez que se produce un incendio en algún bosque de las islas. Es un fenómeno que hace llorar a mucha gente, ante su impotencia por no dispone de los medios o medidas jurídicas que defiendan sus derechos Al mismo tiempo, vemos como se deteriora nuestro paisaje, se empobrecen nuestros terrenos, se desertizan y, al mismo tiempo, aburren a los que aún tienen su esperanza en la vida rural.
La previsión es fundamental y
contribuye a evitar que sucedan tales infortunios. La mayoría de la población
de Canarias ignora que, a estas alturas, no tenemos siquiera una Ley Canaria de
Montes que aquilate nuestras singularidades. Ello provoca la aplicación de
normas, ya superadas técnica y
científicamente y que se intentan perpetuar en el tiempo, a través de la
imposición de un régimen sancionador impostado. Es increíble que se sancione en
Canarias a quienes tienen “el
atrevimiento” de cortar, podar, arrancar especies pirófilas y auténticas plagas
para los cultivos como son las zarzas, los escobones o las cañas. Se sanciona
igual que si uno se dedica a cortar, podar, arrancar una especie en peligro de
extinción, las vulnerables o aquellas sensibles a la alteración de su hábitat,
o especies en régimen de protección especial, que por supuesto está sancionado,
como debe ser.Semejante atropello jurídico, crea un desafecto en la población, impotente ante la imposición de sanciones por la corta de especies (zarzas,cañas, escobones, helechos) ligadas a prácticas agrícolas consuetudinarias y que tanto bien generan a la naturaleza.
Por lo tanto, la aplicación de normas caducas y trasnochadas, por parte de las corporaciones insulares con la complicidad del mismo gobierno autónomo, son las que llevan a situaciones de auténtico desasosiego social y de injusticia. Los Cabildos, estos reinos de taifas que funcionan según el aire que les dé, aplican todavía la Orden Departamental de 20 de febrero de 1991 y, en virtud del cual, se puede sancionar a un ciudadano por cortar sin autorización administrativa las nocivas especies mencionadas anteriormente.
También deberían saber los ciudadanos que si usted quiere talar o podar una especie arbórea, como, por ejemplo, un castañero, igualmente necesitaría autorización administrativa, incluso cuando su finca no se encuentre en un Espacio Natural Protegido, ni en la Red Natura 2000. Algo realmente absurdo. O sea, ¿yo no puedo arrancar de mi finca un árbol frutal que no me apetece tener? Y si lo que quiere plantar son manzaneros, o cirueleros, o lo que se me antoje?
A la hora de sancionar, no se andan con miramientos, ya que las multas pueden elevarse a 5.000, 10.000, 15.000 euros, aun cuando ninguna de ellas se encuentre incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, ni en el Catálogo Canario de Especies Protegidas. Dicho de otro modo: en nuestro territorio insular, cortar una especie como la zarza, la caña o el escobón, se castiga y se sanciona igual que arrancar una especie en peligro de extinción o vulnerable. ¿Alguien puede explicar esto a la población, a esa misma gente que ve arder su casa, sus frutales, sus instalaciones, cuando sus abuelos y padres cortaban esas plantas para así mantener limpio sus tierras de cultivo y salvarse un posible incendio?
El Cabildo Insular de Gran Canaria edite folletos informativos titulados “Protégete contra los incendios en viviendas de zona rural-forestal” en los que aconseja y promueve que revises, podes, aísles y cultives, como medida de protección contra el fuego, a la vez que informa a la población que puede cortar, sin autorización, especies altamente inflamables, plagas para los cultivos, tales como el escobón, zarzas, cañas, helechos.... O sea, que con una mano, el Cabildo de esta isla, le dice a los ciudadanos que puede cortar, sin autorización administrativa determinadas especies pirófilas y constitutivas de plagas, y, con la otra, le impone multas cuantiosas por cortar precisamente esas especies sin autorización administrativa.
Sinceramente, la población está desprotegida y urge que la Fiscalía de Delitos Medioambientales intervenga, para averiguar que está sucediendo con la aplicación de la Orden de 20 de febrero de 1991. Por otro lado, tenemos los barrancos cubiertos de cañaverales y zarzales, de muy fácil combustión, aparte de que esos lugares se utilizan también para arrojar escombros, degenerando el paisaje, siendo precisamente esta isla las que más lamentable aspecto ofrece. Otro defecto que se observa diariamente es que no se limpian con la asiduidad debida las cunetas, laderas y otros espacios donde se acumulan la pinocha, zarzales y todo tipo de malezas, que ante cualquier descuido o la acción de algún pirado, pueden causar un incendio, tanto en los pastizales como en los bosques. La limpieza debe realizar asiduamente a lo largo del año, pero, especialmente, en la época de verano o de altas temperaturas, que es cuando la pinocha se convierte en un auténtico reguero de pólvora. Además, nuestros bosques necesitan cortafuegos y otros elementos de prevención: más torres de vigilancia, detectores de incendios, patrullas de agentes de medio ambiente, etc..
Para el mundo rural, forestal o simplemente dedicado a la conservación de nuestras costas, playas, paisajes no existe una verdadera Consejería de Medio Ambiente sino más bien de Mal Ambiente. Una política medioambiental cómplice y respetuosa con los derechos de la población es un ariete que habría evitado tantos disparates que contemplamos a lo largo y ancho de nuestra geografía insular,: construcción en laderas, en barrancos, en acantilados, casos y barrios enteros construidos sin planificación, sin ordenación territorial; costas, que son de dominio público, convertidas en dominio particular, con la anuencia de autoridades. Todo, a estilo compadre.
Se plantea, además, la escasa conciencia ecológica y medioambiental existente, tanto en buena parte de la población, como en los que disponen de alguna parcela de poder y podrían haber evitado tanto desatino. Tampoco veo muy eficaces a colectivos que se llaman “ecologistas”, cuya oposición es más bien testimonial que efectiva. Es triste comprobar con qué facilidad, tanto mayores como pequeños, ensucian nuestras calles, tiran todo al suelo,lacen objetos a la vida desde sus coches, dejen los excrementos de sus perros e aceras y parques, destrozan el mobiliario urbano, pintan y rayan edificios o monumentos ,escupen o arrojen las colillas en cualquier lugar, sin que ninguna de estas acciones incívicas, que denotan un pésima educación y falta de respeto a los demás, tengan ningún coste, sin que las llamadas autoridades competentes sanciones y hagan cumplir normas de convivencia, si es que tienen alguna. En ese aspecto, estamos a años luz de determinados países que tienen una gran conciencia ecológica.¿Para que dicta el ayuntamiento de Las Palmas, por ejemplo, normas y amenazan con imponer multas, para los que no recogen la deposiciones de sus canes en la calle, o no les ponen la correspondiente correa, o bozal, si son peligrosos, si todavía hay gente que lo sigue haciendo? No hay que amenazar: hay que hacer cumplir la ley.
Un detenido pateo por nuestros caminos, pueblos y espacios naturales nos darán una idea de cómo se ha actuado y se sigue actuando aquí, y de cuánto disparate se comete. Lo peor es tampoco ocurre nada. El pasotismo a veces, nos lleva a cuestionar a qué clase de personas les hemos dado poder para que gobiernen nuestras instituciones. Mientras, siguen sancionando a la población rural, pues se la ve como una intrusa dentro de la política medioambiental. De ahí, los llantos de impotencia cada vez que hay un incendio forestal.
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