El Centro de Derechos Humanos determinó que durante la represión a las manifestaciones ocurridas entre los meses de febrero y julio de 2014 “hubo una práctica deliberada y consciente desde diferentes órganos del Estado, destinada a ocultar las evidencias de tortura y trato cruel y a obstaculizar la denuncia sobre violaciones al derecho a la integridad personal”.
Así lo informó a través de su informe El ocultamiento de evidencia médica y legal en el marco de manifestaciones y detenciones. En él se destaca además que se incurrió en prácticas ilegales como la incomunicación de detenidos, el traslado de lesionados a instituciones y hospitales militares, presiones a víctimas, el uso de la Defensa Pública para evitar denuncias, omisiones por parte de jueces durante las audiencias de presentación, la transformación de víctimas en victimarios, la confusión entre examen médico forense y el reconocimiento médico en el lugar de detención, la sustracción y desaparición de evidencias de malos tratos y tortura, y presiones a médicos.
La institución reafirma que el Estado tiene la responsabilidad de investigar de manera pronta e imparcial cuando se presuma que se haya cometido tortura.
El documento destaca la responsabilidad de funcionarios de los órganos de aprehensión, ejecutores de traslados, custodios y demás responsables de centros de detención, defensores públicos, jueces, médicos forenses, profesionales de salud de instalaciones militares y de centros de detención.
(De www.elucabista.com)
Así lo informó a través de su informe El ocultamiento de evidencia médica y legal en el marco de manifestaciones y detenciones. En él se destaca además que se incurrió en prácticas ilegales como la incomunicación de detenidos, el traslado de lesionados a instituciones y hospitales militares, presiones a víctimas, el uso de la Defensa Pública para evitar denuncias, omisiones por parte de jueces durante las audiencias de presentación, la transformación de víctimas en victimarios, la confusión entre examen médico forense y el reconocimiento médico en el lugar de detención, la sustracción y desaparición de evidencias de malos tratos y tortura, y presiones a médicos.
La institución reafirma que el Estado tiene la responsabilidad de investigar de manera pronta e imparcial cuando se presuma que se haya cometido tortura.
El documento destaca la responsabilidad de funcionarios de los órganos de aprehensión, ejecutores de traslados, custodios y demás responsables de centros de detención, defensores públicos, jueces, médicos forenses, profesionales de salud de instalaciones militares y de centros de detención.
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