José M. Balbuena Castellano
La desidia insular y la falta de
previsión salen a relucir cada vez que se produce un incendio en algún bosque
de las islas. Es un fenómeno que hace llorar a mucha gente, ante su impotencia
por no dispone de los medios o medidas jurídicas que defiendan sus derechos Al
mismo tiempo, vemos como se deteriora nuestro paisaje, se empobrecen nuestros
terrenos, se desertizan y, al mismo tiempo, aburren a los que aún tienen su
esperanza en la vida rural.

La previsión es fundamental y
contribuye a evitar que sucedan tales infortunios. La mayoría de la población
de Canarias ignora que, a estas alturas, no tenemos siquiera una Ley Canaria de
Montes que aquilate nuestras singularidades. Ello provoca la aplicación de
normas, ya superadas
técnica y
científicamente y que se intentan perpetuar en el tiempo, a través de la
imposición de un régimen sancionador impostado. Es increíble que se sancione en
Canarias
a quienes tienen “el
atrevimiento” de cortar, podar, arrancar especies pirófilas y auténticas plagas
para los cultivos como son las zarzas, los escobones o las cañas. Se sanciona
igual que si uno se dedica a cortar, podar, arrancar una especie en peligro de
extinción, las vulnerables o aquellas sensibles a la alteración de su hábitat,
o especies en régimen de protección especial, que por supuesto está sancionado,
como debe ser.
Semejante atropello jurídico,
crea un desafecto en la población, impotente ante la imposición de sanciones
por la corta de especies (zarzas,cañas, escobones, helechos) ligadas a
prácticas agrícolas consuetudinarias y que tanto bien generan a la naturaleza.
Por lo tanto, la aplicación de
normas caducas y trasnochadas, por parte de las corporaciones insulares con la
complicidad del mismo gobierno autónomo, son las que llevan a situaciones de
auténtico desasosiego social y de injusticia. Los Cabildos, estos reinos de
taifas que funcionan según el aire que les dé,
aplican todavía la Orden Departamental de 20 de febrero de 1991 y, en
virtud del cual, se puede sancionar a un ciudadano por cortar
sin autorización administrativa las nocivas
especies mencionadas anteriormente.
También deberían saber los
ciudadanos que si usted quiere talar o podar una especie arbórea, como,
por ejemplo, un castañero, igualmente
necesitaría autorización administrativa, incluso cuando
su finca no se encuentre en un Espacio
Natural Protegido, ni en la Red Natura 2000. Algo realmente absurdo. O sea, ¿yo
no puedo arrancar de mi finca un árbol frutal que no me apetece tener? Y si lo
que quiere plantar son manzaneros, o cirueleros, o lo que se me antoje?
A la hora de sancionar, no se
andan con miramientos, ya que las multas pueden elevarse a 5.000, 10.000,
15.000 euros, aun cuando ninguna de ellas se encuentre incluida en el Catálogo
Español de Especies Amenazadas, ni en el Catálogo Canario de Especies
Protegidas. Dicho de otro modo: en nuestro territorio insular, cortar una
especie como la zarza, la caña o el escobón, se castiga y se sanciona igual que
arrancar una especie en peligro de extinción o vulnerable. ¿Alguien puede
explicar esto a la población, a esa misma gente que ve arder su casa, sus
frutales, sus instalaciones, cuando sus abuelos y padres cortaban esas plantas
para así mantener limpio sus tierras de cultivo y salvarse un posible incendio?
El Cabildo Insular de Gran
Canaria edite folletos informativos titulados “Protégete contra los incendios
en viviendas de zona rural-forestal” en los que
aconseja y promueve que revises, podes, aísles y
cultives, como medida de protección contra el
fuego, a la vez que informa a la población que puede cortar, sin autorización,
especies altamente inflamables, plagas para los cultivos, tales como el
escobón, zarzas, cañas, helechos.... O sea, que con una mano, el Cabildo de
esta isla, le dice a los ciudadanos que puede cortar, sin autorización
administrativa determinadas especies pirófilas y constitutivas de plagas, y,
con la otra, le impone multas cuantiosas por cortar precisamente esas especies
sin autorización administrativa.
Sinceramente, la población está
desprotegida y urge que la Fiscalía de Delitos Medioambientales intervenga,
para averiguar que está sucediendo con la aplicación de la Orden de 20 de
febrero de 1991. Por otro lado, tenemos los barrancos cubiertos de cañaverales
y zarzales, de muy fácil combustión, aparte de que esos lugares se utilizan
también para arrojar escombros, degenerando el paisaje, siendo precisamente
esta isla las que más lamentable aspecto ofrece. Otro defecto que se observa diariamente
es que no se limpian
con la asiduidad
debida las cunetas, laderas y otros espacios donde se acumulan la pinocha,
zarzales y todo tipo de malezas, que ante cualquier descuido o la acción de
algún pirado, pueden causar un incendio, tanto en los pastizales como en los
bosques. La limpieza debe realizar asiduamente a lo largo del año, pero,
especialmente, en la época de verano o de altas temperaturas, que es cuando la
pinocha se convierte
en un auténtico
reguero de pólvora. Además, nuestros bosques necesitan cortafuegos y otros
elementos de prevención: más torres de vigilancia, detectores de incendios,
patrullas de agentes de medio ambiente, etc..
Para el mundo rural, forestal o
simplemente dedicado a la conservación de nuestras costas, playas, paisajes no
existe una verdadera Consejería de Medio Ambiente sino más bien de Mal
Ambiente. Una política medioambiental cómplice y respetuosa con los derechos de
la población es un ariete que habría evitado tantos disparates que contemplamos
a lo largo y ancho de nuestra geografía insular,: construcción en laderas, en
barrancos, en acantilados, casos y barrios enteros construidos sin
planificación, sin ordenación territorial; costas, que son de dominio
público,
convertidas en dominio
particular, con la anuencia de autoridades. Todo, a estilo compadre.
Se plantea, además, la escasa
conciencia ecológica y medioambiental existente, tanto en buena parte de la
población, como en los que disponen de alguna parcela de poder y podrían haber
evitado tanto desatino. Tampoco veo muy eficaces a colectivos que se llaman
“ecologistas”, cuya oposición es más bien testimonial que efectiva. Es triste
comprobar con qué facilidad, tanto mayores como pequeños, ensucian nuestras
calles, tiran todo al suelo,lacen objetos a la vida desde sus coches,
dejen los excrementos de sus perros e aceras
y parques, destrozan el mobiliario urbano, pintan y rayan edificios o
monumentos ,escupen o arrojen las colillas en cualquier lugar,
sin que ninguna de estas acciones incívicas,
que denotan un pésima educación
y falta
de respeto a los demás, tengan ningún coste, sin que las llamadas autoridades
competentes sanciones y hagan cumplir normas de convivencia, si es que tienen
alguna. En ese aspecto, estamos a años luz de determinados países que tienen
una gran conciencia ecológica.¿Para que dicta el ayuntamiento de Las Palmas,
por ejemplo, normas y amenazan con imponer multas, para los que no recogen la
deposiciones de sus canes en la calle, o no les ponen la correspondiente
correa, o bozal, si son peligrosos,
si
todavía hay gente que lo sigue haciendo? No hay que amenazar: hay que hacer
cumplir la ley.
Un detenido pateo por nuestros
caminos, pueblos y espacios naturales
nos darán una idea de cómo se ha actuado y se sigue actuando aquí, y de
cuánto disparate se comete. Lo peor es tampoco ocurre nada. El pasotismo a
veces, nos lleva a cuestionar a qué clase de personas les hemos dado poder para
que gobiernen nuestras instituciones. Mientras, siguen sancionando a la
población rural, pues se la ve como una intrusa dentro de la política
medioambiental. De ahí, los llantos de impotencia cada vez que hay un incendio
forestal.