En unas islas con un
territorio tan frágil por la superpoblación, la presión turística y por la
fiebre constructiva, el hecho de que de manera sistemática cada verano se
produzcan incendios que en solo unos días calcinan la masa forestal tan
precariamente conservada demuestra que hay fuegos por negligencia pero sobre todo hay manos criminales empeñadas en
destruir el patrimonio común. Y es que la mayoría de los incendios declarados
en las islas se producen en una orografía complicada, de difícil acceso. Los
largos y cálidos veranos, el abandono del campo y la abundancia de pinocha y de
plantas secas actúan como disparadores de estos desastres. Con la idea de
ejercer el mayor daño posible, este último incendio de las cumbres de Gran
Canaria se inicia en los altos de Tejeda, nombrado uno de los pueblos más
bellos de España, el incendio se ramifica, se hace muy difícil de controlar,
los daños se multiplican en la medida en que el fuego no está dominado.
Aprovechando las circunstancias meteorológicas de sequedad y de vientos, las
manos criminales prenden varios focos que tardan mucho en ser controlados. No
es por desgracia una historia nueva, y ya era raro que estando a punto de
acabar el verano no se hubiese producido una catástrofe ecológica de este nivel
en nuestras islas, tan acostumbradas desde siempre a que los desalmados se
muevan a sus anchas. En los grandes incendios de los últimos tiempos tan solo
dos culpables han sido capturados, el de Gran Canaria y el de la isla de La
Palma. Ambos están en prisión, pero ello no parece actuar como disuasión
suficiente para sus imitadores.
El presidente de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, en este mismo mes de septiembre, tras
la reunión semanal del gobierno de su región, reclamó un cambio en el Código
Penal para equiparar el delito de incendio forestal con el de terrorismo. No
pasaría nada por reformar el Código Penal para asimilar el delito ambiental de
provocar un incendio forestal con el de atentado terrorista, declaró. Los incendiarios
ponen en grave riesgo la vida de las personas, sobre todo en los incendios
próximos a las viviendas. Por todo ello, dice Feijoo, deben pagar sus acciones como
si fuesen un delito de terrorismo. Feijoo ha recordado que en la época de
Alberto Ruiz Gallardón como ministro ya se incluyó la responsabilidad civil del
coste de la extinción de un incendio intencionado. La elevación de las penas
debería ser una prioridad, recalcó.En febrero de este año el periódico The Wall Street Journal habló de la virulencia de los incendios forestales en Chile; en el verano austral los fuegos fueron devastadores, con más de cien incendios en el mes de enero. Se dijo que una parte de esta destrucción sería probablemente atribuida a accidentes de quema de desechos, vientos y sequía. Pero el gobierno reconoció que hubo evidencias de que los incendios fueron intencionados en algunos casos y fueron capturados 43 sospechosos como parte de la investigación. Asimismo, en Argentina y otras zonas de América Latina los incendios son muy devastadores. En noviembre del año pasado el primer ministro de Israel calificó la actuación de los pirómanos en su país como actos de terrorismo. Los incendios azotaron la parte central y el norte de su territorio. Evacuaciones masivas y destrozo medioambiental se sucedieron tras estos desastres, alimentados por fuertes vientos y una humedad muy baja.
En España, tal como sugiere el
presidente de la Xunta de Galicia, debería haber una revisión de la ley con
objeto de que los pirómanos sean castigados con mayor rigor que hasta ahora. No
basta con el arrepentimiento posterior, cuando el daño ya es irreversible. Las
masas forestales tardan tiempo en recuperarse, y nunca se regeneran del todo. Hay
lugares emblemáticos como la Caldera de Taburiente que han padecido terribles
fuegos y, aunque el pino canario tiene un corazón resistente, no cabe duda de
que la continuidad de los incendios va degradando el bosque, y en isla como
Gran Canaria –tan deteriorada a nivel medioambiental– los daños son de difícil
y lenta recuperación. En este sentido, es de esperar algún pronunciamiento del
parlamento y del gobierno de Canarias.
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