Parece
que los jueces ahora están muy activos dictando sentencias ejemplares contra
políticos corruptos, ya era hora de actuar contra tanta porquería
institucionalizada, mientras las mujeres se han movilizado para protestar
contra la sentencia de La Manada, no es la primera vez que veredictos llamativos
incendian al personal. Se dictan resoluciones que aparentemente están contra el
sentido común, contra la lógica, contra la apreciación de la sociedad, pero también
hay que decir que hay profesionales que razonan que en La Manada no hubo
violación, y lo argumentan con sus superiores criterios basados en una
legislación dudosa, la nuestra. En apariencia, hay jueces que llevan a las
sentencias sus prejuicios, que están en conflicto con la evolución de los
valores, falta perspectiva de género, las reglas del juego son ancestrales y
perpetúan la tradición, el viejo patriarcado. Todo lo referido a la regulación
de la sexualidad está fuera de onda, se ignora el papel actual de la mujer, su
pelea por la igualdad, su lucha por afirmarse en un entorno hostil. Por tantas
razones, los hombres tendríamos que pedir disculpas a las mujeres que nos
rodean. Además frente al aparato judicial la gente tiene la impresión de que
los políticos, los banqueros y en general los deshonestos y los poderosos
tienen una coraza de protección que les da inmunidad. También hay jueces que
quieren ser estrellas mediáticas, otros que se meten en escándalos, como el
juez Alba, investigado entre otras cosas por conspirar contra la jueza Rosell.
La
transición no logró poner a la Justicia en los nuevos tiempos por falta de
medios técnicos, por escasez de personal, por una legislación anquilosada, por
el machismo subyacente en parte del aparato y la organización. Ahora tenemos
una vez más la percepción de que la Justicia en España es muy lenta y mala, no
hay trato igualitario, no existe la imparcialidad. Tenemos, además, un sistema
penitenciario que permite poner en la calle a los culpables cuando han cumplido
una pequeña parte de la pena, los culpables tienen múltiples beneficios y hay
poca consideración a las víctimas. En Canarias conocemos la volatilidad de los
jueces, y esta circunstancia hace que los procedimientos se alarguen hasta
límites tercermundistas.
La
crisis ha deteriorado la ya de por sí mala calidad de servicios básicos como la
sanidad, la educación y el aparato judicial. En estos tres apartados estamos
por debajo de la media, y ya de por sí la media nacional se halla por debajo de
la europea, en la sanidad los mejores especialistas de los centros públicos
están huyendo hacia las clínicas privadas, en educación seguimos con un profesorado
envejecido y poco motivado, sometido a tareas burocráticas que le restan ánimos
para enseñar, es evidente el bajo rendimiento y el alto fracaso escolar. En la
Justicia el colapso que sufre el sector y la falta de continuidad de los
profesionales, que son aves de paso, ha agravado la situación. Los
profesionales hablan de la sobrecarga de trabajo y las malas condiciones a las que
se enfrentan, y solo una pequeña parte de los jueces son titulares.
La
situación aquí, común en todas sus jurisdicciones, se define con una palabra:
colapso. Por supuesto que hay muchos funcionarios que tienen ética y ganas de
hacer las cosas bien, pero es común la queja por la escasez de coordinación de
los distintos elementos jurídicos para la solución de los problemas, así como la
interinidad. A esto se suma la situación económica, pero los problemas no han
surgido a raíz de la crisis sino que vienen de atrás. Se dice y se repite que
invertir en este sector no es rentable, el interés en la Justicia solo lo tiene
quien padece un pleito, el resto de la sociedad le da la espalda. Juicios
tengas y los ganes: esta es una maldición gitana, muchas veces es mejor no
meterte en un procedimiento judicial. Los políticos, que son quienes manejan el
dinero, han dejado de poner recursos, y el poco dinero que llega lo hace a
cuentagotas. A esta situación se suma que los profesionales peninsulares que
antes venían y decidían quedarse, se vuelven a su tierra, porque ya no es tan
favorable como antes permanecer aquí. Ni siquiera la creciente informatización
de los servicios funciona bien, hay expertos que recomiendan no eliminar del
todo el trabajo en papel, los fallos informáticos son frecuentes, se extravían
procedimientos, se pierden pruebas fundamentales, etc.
Confiamos
en que algún día se constituya un gobierno que asuma y comprenda la
especialidad local para compensar a toda la administración de Justicia y haga
un esfuerzo para mejorar esta actividad tan prioritaria en una democracia. Los
hijos de muchos funcionarios que fueron destinados aquí son canarios, y ahora
dicen que se van a sus lugares de origen, con lo cual la interinidad, y la
llegada de sustitutos que también son provisionales, genera grandes retrasos en
los procedimientos, con tanto cambio las causas se eternizan. Si a esa falta de
beneficios se añade que los profesionales no se encuentran cómodos en su
trabajo por la situación de déficit, la decisión está tomada de antemano, y es
que muchos vienen al archipiélago con la idea de la transitoriedad y no quieren
darle una oportunidad a la posibilidad de arraigar.
Tenemos
la impresión de que Justicia es poco operativa, está politizada, es cara y es vieja,
y está ahogada en la burocracia. España tiene la mitad de jueces que la Unión
Europea, la organización es decimonónica. Como decíamos, en definitiva hay
cuestiones capitales como la educación y la Justicia que exigirían un Pacto de
Estado, imposible de darse dado el egoísmo de los partidos políticos. Hay
jueces que están sobresaturados, los hay que se llevan el trabajo a casa; la
carga de trabajo está al doble de lo que se considera aceptable. Hay juzgados señalando juicios para dentro de dos y tres
años, y la mayoría de los ciudadanos estima que, además, todo este mundo
judicial favorece a los poderosos y está muy politizado. El 56% de los
españoles, según el informe sobre los indicadores de la justicia en la UE
publicado el pasado abril por la Comisión Europea, tiene una opinión mala o muy
mala sobre la independencia de los magistrados, desconfianza que argumentan por
las presiones políticas y económicas. La ineficacia y la apariencia de
favoritismo de la justicia son dos grandes problemas en torno a los cuales
gravitan los demás. Pero ningún Gobierno democrático los ha abordado de forma
radical. Igual que la corrupción, sobre la que se están poniendo parches sin
abordar las situaciones de fondo que la posibilitan.
(Imagen: toma de posesión de una promoción de jueces)
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