Claro
que estos índices están basados en sondeos no siempre fiables, con lo que los
resultados son subjetivos y menos fiables en países de los que se obtienen
menos fuentes. Además, lo que se define legalmente como corrupción difiere
según las leyes de cada nación, así una donación pública puede ser legal o
ilegal, una propina o un sobresueldo puede ser un soborno o lo contrario. A la
vista de todo esto, que en el PP se haya repartido dinero en negro, sin vales y
sin constancia, podría quedarse en una simple anécdota siempre y cuando no
existiera en nuestro país la sensación de que la corrupción se extiende de año
en año.
Si
hubiera en verdad ganas de limitar la corrupción, los grandes partidos
nacionales y los nacionalistas pondrían mucho interés en clarificar la
financiación de esas fuerzas políticas. De este modo habría menos tendencia a
pedir comisiones ilegales, sobornos y sobresueldos. Pero ni al PSOE ni al PP ni
a CiU ni a nadie parece interesarle la resolución de los problemas de fondo que
se están dando en nuestro país. Pues nuestra democracia se ha convertido en el
escandalazo universal, hace pocos días el New York Times -que no es un
periódico cualquier- publicó que al Rey de España se le calcula una fortuna de
1.800 millones de euros. Nadie ha publicado una rectificación o un desmentido.
Lo divertido es que después de todo lo que se ha expoliado, después de todos
los escandalazos, después de tanta financiación ilegal, después de que todo el
mundo haya metido la mano, nadie sabe cómo luchar contra la corrupción. Son
días tristes para la ética, y lo peor es que se percibe que aquí hay auténticas
tramas de corrupción, bien organizadas, tan instaladas en el poder que son el
poder mismo. Lo más probable es que, si los índices de corrupción estuvieran
bien elaborados, deberíamos aparecer con tanto nivel de deterioro como
Venezuela, Guinea, Sudán, Somalia y un largo etcétera.
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