La mala memoria histórica

José M. Balbuena

La mayoría de los que forman en España las nuevas generaciones de ciudadanos del país, nacidos después de la muerte del dictador Franco, no conocen la existencia de dos de los órganos represores que tuvo la dictadura, es decir el Tribunal de Orden Público,  (TOP) fundado en 1963, o la temida y famosa Brigada de Investigación Político Social (también llamada la Secreta)  que iba a la caza de rojos, masones, socialistas, revolucionarios, o de todo aquel que no comulgara con las ideas y directrices fascistas. El precedente de la Secreta se creó en 1938, pero oficialmente fue creada la brigada en 1941. También hubo un Tribunal Especial de Represión de la Masonería y el Comunismo. El TOP tenía como misión la represión de las conductas que bajo ese régimen dictatorial eran consideradas “delitos políticos”. Estuvo funcionando hasta 1977.

Se sigue pensando que esos hechos ocurrieron entre 1936 y 1939, años en los que transcurrió la guerra civil, y como consecuencia de ese conflicto fratricida, donde se esperan (como en todas las guerras) las mayores atrocidades,  muertes y crímenes. No fue así. Después que el sublevado Franco ganara la guerra, continuaron la represión, el revanchismo, las torturas, adictos al régimen la intolerancia, los fusilamientos, los asesinatos, y hubo también una policía paralela, formada por fanáticos adictos al régimen, y especialmente por falangistas, que operaban por su cuenta y con toda impunidad. Y todo esto se prolongó hasta 1975, cuando murió el dictador, que  un  año antes mandó fusilar a Salvador Puig Antich, de 26 años, miembro del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), que había sido juzgado por un tribunal militar. Curiosamente su padre había sido condenado a muerte, al regresar de su exilio de Francia, pero fue indultado en el último momento.

Por lo tanto, aún tenemos vivas a personas que formaron parte del terrible Tribunal de Orden Público, o que pertenecieron a  la llamada Brigada Político Social y cuerpos represivos del Estado. Y aunque muchos, por el paso del tiempo, han muerto ya, otros continúan ahí, e incluso han ocupado, y ocupan,  altos cargos policiales, o en el Tribunal Supremo o en magistratura española, en general, después de llegar la democracia. No les extrañe pues, que no entendamos a veces ciertas actuaciones de lo que denominamos justicia, que creemos que pertenece, o debería pertenecer,  a una democracia, o el  comportamiento de cierta policía que actúa y reprime indiscriminadamente.

Todo esto forma parte de la historia negra de este país. Y de  la trama que no quiere desvelar lo que se denomina “memoria histórica”,  y que impide a los miles de perjudicados españoles, que todavía están vivos y pueden contarlo, o de los familiares de las víctimas, fusilados, represaliados o exiliados (para huir de la represión)  obtengan, no venganza sino Justicia. De aquellos que quieren saber donde están enterrados sus muertos, para homenajearlos y enterrarlos dignamente.

Hoy hablamos sin tapujos, y casi erigiéndonos en jueces de lo que ocurre en dictaduras lejanas, o no tanto, donde ocurren hechos reñidos con el respeto a los derechos humanos, pero no nos ocupamos de lavar esa etapa negra y larga de la historia de España.

En Canarias tuvimos también nuestras historias de represiones, fusilamientos y desapariciones por las Brigadas del Amanecer y por otros métodos que se consideraban puras venganzas o enfrentamientos políticos. Ahí están la Sima de Jinámar que guarda los secretos de muchos de los que fueron arrojados allí. O si no, la  figura del mítico Juan García, llamado el Corredera, un hombre de Telde que condenado a garrote vil el 19 de octubre de 1958. Era considerado opositor al  régimen franquista y su odisea se inicia cuando se opuso a luchar en el bando del general. Pudo vivir clandestinamente durante un tiempo, e incluso trabajó en las fábricas de conserva de Lloret y Llinares, ubicadas en El Rincón,  (Las Palmas), hasta que un concejal de la ciudad de los faycanes lo denunció.

Otro hecho luctuoso que se produjo en Canarias y que causó una gran indignación fue la muerte, por disparos de las fuerzas represivas, del estudiante de Biología, Javier Fernández Quesada, nacido en Las Palmas, de Gran Canaria, cuando, junto con otros estudiantes, se manifestaba en apoyo de una huelga general, que, por supuesto, el régimen represor no toleraba. El hecho ocurrió el 12 de diciembre de 1977, en La Laguna.

Y podríamos contar miles de historias que quienes fueron encarcelados y torturados en Fyffes, unos almacenes de plátanos de Santa Cruz  Tenerife, cercanos a la actual refinería de petróleo; o en el Lazareto de Gando, o los que fueron encerrados en el Colegio Antúnez de Las Palmas de Gran Canaria. O la vida de Manuel Hernández Quintero, el que fuera alcalde de Firgas, que tuvo que refugiarse en  El Hierro, su isla natal, donde permaneció siete años escondido, sorteando a falangistas que querían detenerlo para fusilarlo. La salvó la generosidad  y solidaridad del pueblo herreño. Su esposa, Juana Casañas Quintero, escribió el libro titulado “Historia de Manuel el Huido”, donde cuenta todas las peripecias de este hombre, que al final se entregó, pero tuvo que pasar algún tiempo en Fyffes. indultado por el capitán  general García Escámez.

Tiene que haber una condena general de los que hoy tuvieron intervención en la dictadura, siguen ocupando cargos y se declaran demócratas. Tiene que haber Justicia para que queden tranquilos los que aún sufren los horrores de aquella dictadura, y un recuerdo emocionado para los que tanto padecieron. Sin venganza, ni rencor.