domingo, 5 de marzo de 2017

La muerte digna y su difícil regulación


Cada invierno toca visitar con frecuencia los tanatorios, cuando llegan los fríos nos volvemos más vulnerables. Se nos marchan amigos más o menos cercanos, parientes más o menos próximos, gente con la que alguna vez coincidimos en el camino, personas a las que tal vez no veíamos desde hace años pero con las cuales mantenemos vínculos emocionales. Se nota cada vez más que la población está envejeciendo a marchas forzadas, que no tenemos suficientes nacimientos para paliar las defunciones y que vamos a seguir necesitando la inmigración y los hijos que esta aporta. La gente joven no es partidaria de asumir parejas estables sino a una edad avanzada, por lo tanto estas parejas tienen sus hijos cada vez más tarde, y lógicamente tienen menor descendencia, consecuencia palpable de la crisis. El modelo de familia tradicional se desploma, y Canarias, que era una región con mucha natalidad, se encuentra ahora entre las que aportan menos niños, ya está muy por debajo de la media estatal. Todo esto tiene muchas consecuencias, y entre ellas la grave cuestión de la sostenibilidad de las pensiones.

La evolución de los tiempos ha ido introduciendo cambios en la mentalidad colectiva. Y uno de los temas pendientes en nuestro país, aunque ya está presente en algunas legislaciones autonómicas, es el de la muerte digna. El Parlament de Cataluña ha aprobado una moción para despenalizar lo que comúnmente entendemos por eutanasia, y en las últimas semanas los principales partidos de la oposición han ido redactando sus proposiciones de ley sobre ello. Socialistas, Ciudadanos y Podemos quieren abordar este asunto que origina polémica. Y en los últimos meses los principales partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados se han movido para abordar las condiciones de este espinoso asunto. No es la primera vez que el debate sobre entra en el Congreso, en las dos ocasiones que se ha intentado con el Partido Popular en el gobierno, los textos de IU y PSOE han caído bajo el rodillo de la mayoría absoluta. Los textos de PSOE y Ciudadanos intentan crear un marco legal que recoja los derechos al final de la vida; aunque no existe una ley estatal para regularlo, algunos de los artículos propuestos ya tienen cabida en la Ley de autonomía del paciente del 2002 y están específicamente regulados en algunas normas autonómicas como las vigentes en Andalucía, Aragón y Galicia.

De manera cautelosa, los proponentes evitan hablar de eutanasia y suicidio asistido, se habla, en cambio de derecho a una muerte digna. Podemos es el único partido que se desmarca al basar su ley en eliminar las penas por eutanasia y suicidio asistido, con el argumento de que la sociedad ya está madura para dar este paso. Esta formación política estima oportuno garantizar que las personas puedan solicitar y recibir ayuda médica para poner fin a su vida, es decir que propone despenalizar lo que ahora se considera delito con lo que habría que redactar de nuevo el artículo 143 del Código Penal, que contempla penas de prisión para aquellos que “cooperen activamente con actos necesarios y directos en la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de este en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte.” Se propone incluir estas propuestas como prestaciones en los servicios del Sistema Nacional de Salud, y se pone como requisitos el hecho de ser mayor de edad, formular una petición de manera voluntaria repitiéndose en al menos dos ocasiones con una separación de 15 días y no siendo resultado de una presión externa, encontrarse la persona en fase terminal de una enfermedad o padecer sufrimientos físicos o psíquicos que se consideren intolerables. Además, la persona ha de haber recibido información de todas las alternativas de tratamiento médico existente para su caso concreto.

Cada formación esgrime las razones que han motivado la redacción de los diferentes proyectos, aunque todos comparten un objetivo común: garantizar una muerte digna. Según una clasificación elaborada por The Economist Intelligent Unit sobre la calidad de la muerte, España ocupa el 14º puesto de 27 países europeos y mirando exclusivamente a los miembros de la Unión Europea se sitúa en la parte baja de la tabla. Para unos, esta garantía se enmarca en los cuidados paliativos y otros derechos derivados de la atención sanitaria en el proceso final de la vida para paliar en la medida de lo posible el sufrimiento, puntualiza el PSOE, que se da en muchos casos en un contexto de aumento de las enfermedades de evolución progresiva, el avance de la medicina y el incremento de la esperanza de vida, el cual supone un incremento paralelo de las dolencias en la Tercera Edad. Varios estudios elaborados por la Asociación Española Contra el Cáncer o la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) corroboran que la mitad de las personas susceptibles de ser atendidos con cuidados paliativos no los están recibiendo. Las organizaciones achacan la situación a la escasa información sobre estos servicios y a la falta de recursos. Tanto el PSOE como Ciudadanos apuestan por garantizar "cuidados paliativos integrales de calidad y asistencia domiciliaria". De acuerdo con esto, estas personas tendrán derecho a recibir "una atención específica que prevenga y alivie el dolor" y a recibir "sedación paliativa, aunque ello implique un acortamiento de la vida". Ni el PSOE ni Ciudadanos se refieren a lo largo de sus respectivos textos a la objeción de conciencia en ninguno de los supuestos aunque actualmente generen algunos conflictos –sobre todo la sedación paliativa–. El partido de Albert Rivera solo concreta a este respecto que "las instituciones sanitarias deberán arbitrar los medios para que los derechos no se vean mermados, incluida la negativa del profesional". Unidos Podemos sí admite este supuesto para la eutanasia y el suicidio asistido, pero obliga al sanitario objetor a "ofrecer al solicitante de eutanasia otro médico" que no lo sea. En ningún caso, el derecho a la objeción –recoge el texto– puede impedir "el ejercicio del derecho a la eutanasia".

Como decíamos, en el transcurso de los siglos y las décadas la sociedad occidental ha ido introduciendo cambios que modifican la forma de vida, los valores, la moral colectiva. Se suponía, por ejemplo, que las mujeres tenían que dar a luz con dolor porque así lo establece el mandato bíblico y sin embargo la ciencia médica ha conseguido que los partos sean sin excesivo sufrimiento. Tras la consolidación del divorcio y el aborto ha venido la regulación de los derechos de los homosexuales, y asoma asimismo la legalización del uso del cannabis en ciertos supuestos, legalización del consumo más allá de los usos médicos que ya está vigente en varios países. Se ido abriendo paso una mentalidad tolerante, laicista, que en los países de mayoría católica registra mayor resistencia de las capas más conservadoras. Los avances tecnológicos no se detienen, antes bien hacen suponer que dentro de tres o cuatro décadas habrá variado la manera de procrear; algunos piensan que no harán falta úteros, óvulos o esperma. Incluso hay quienes pronostican que nos reproduciremos sin necesidad de sexo y los niños serán gestados en incubadoras artificiales. ¿Será esto así? 

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