Cada invierno
toca visitar con frecuencia los tanatorios, cuando llegan los fríos nos
volvemos más vulnerables. Se nos marchan amigos más o menos cercanos, parientes
más o menos próximos, gente con la que alguna vez coincidimos en el camino,
personas a las que tal vez no veíamos desde hace años pero con las cuales
mantenemos vínculos emocionales. Se nota cada vez más que la población está
envejeciendo a marchas forzadas, que no tenemos suficientes nacimientos para
paliar las defunciones y que vamos a seguir necesitando la inmigración y los
hijos que esta aporta. La gente joven no es partidaria de asumir parejas
estables sino a una edad avanzada, por lo tanto estas parejas tienen sus hijos
cada vez más tarde, y lógicamente tienen menor descendencia, consecuencia
palpable de la crisis. El modelo de familia tradicional se desploma, y
Canarias, que era una región con mucha natalidad, se encuentra ahora entre las
que aportan menos niños, ya está muy por debajo de la media estatal. Todo esto
tiene muchas consecuencias, y entre ellas la grave cuestión de la
sostenibilidad de las pensiones.
La evolución
de los tiempos ha ido introduciendo cambios en la mentalidad colectiva. Y uno
de los temas pendientes en nuestro país, aunque ya está presente en algunas
legislaciones autonómicas, es el de la muerte digna. El Parlament de Cataluña
ha aprobado una moción para despenalizar lo que comúnmente entendemos por
eutanasia, y en las últimas semanas los principales partidos de la oposición
han ido redactando sus proposiciones de ley sobre ello. Socialistas, Ciudadanos
y Podemos quieren abordar este asunto que origina polémica. Y en los últimos
meses los principales partidos de la oposición en el Congreso de los Diputados
se han movido para abordar las condiciones de este espinoso asunto. No es la
primera vez que el debate sobre entra en el Congreso, en las dos ocasiones que
se ha intentado con el Partido Popular en el gobierno, los textos de IU y PSOE
han caído bajo el rodillo de la mayoría absoluta. Los textos de PSOE y
Ciudadanos intentan crear un marco legal que recoja los derechos al final de la
vida; aunque no existe una ley estatal para regularlo, algunos de los artículos
propuestos ya tienen cabida en la Ley de autonomía del paciente del 2002 y
están específicamente regulados en algunas normas autonómicas como las vigentes
en Andalucía, Aragón y Galicia.
De manera cautelosa, los proponentes
evitan hablar de eutanasia y suicidio asistido, se habla, en cambio de derecho
a una muerte digna. Podemos es el único partido que se desmarca al basar su ley
en eliminar las penas por eutanasia y suicidio asistido, con el argumento de
que la sociedad ya está madura para dar este paso. Esta formación política estima
oportuno garantizar que las personas puedan solicitar y recibir ayuda médica
para poner fin a su vida, es decir que propone despenalizar lo que ahora se
considera delito con lo que habría que redactar de nuevo el artículo 143 del
Código Penal, que contempla penas de prisión para aquellos que “cooperen
activamente con actos necesarios y directos en la muerte de otro, por la
petición expresa, seria e inequívoca de este en el caso de que la víctima
sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte.” Se
propone incluir estas propuestas como prestaciones en los servicios del Sistema
Nacional de Salud, y se pone como requisitos el hecho de ser mayor de edad,
formular una petición de manera voluntaria repitiéndose en al menos dos
ocasiones con una separación de 15 días y no siendo resultado de una presión
externa, encontrarse la persona en fase terminal de una enfermedad o padecer
sufrimientos físicos o psíquicos que se consideren intolerables. Además, la
persona ha de haber recibido información de todas las alternativas de
tratamiento médico existente para su caso concreto.
Cada formación esgrime las razones que
han motivado la redacción de los diferentes proyectos, aunque todos comparten
un objetivo común: garantizar una muerte digna. Según una clasificación
elaborada por The Economist Intelligent Unit sobre la calidad de la muerte,
España ocupa el 14º puesto de 27 países europeos y mirando exclusivamente a los
miembros de la Unión Europea se sitúa en la parte baja de la tabla. Para unos,
esta garantía se enmarca en los cuidados paliativos y otros derechos derivados
de la atención sanitaria en el proceso final de la vida para paliar en la
medida de lo posible el sufrimiento, puntualiza el PSOE, que se da en muchos
casos en un contexto de aumento de las enfermedades de evolución progresiva, el
avance de la medicina y el incremento de la esperanza de vida, el cual supone
un incremento paralelo de las dolencias en la Tercera Edad. Varios estudios elaborados por la Asociación Española Contra el Cáncer o la
Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) corroboran que la mitad de
las personas susceptibles de ser atendidos con cuidados paliativos no los están
recibiendo. Las organizaciones achacan la situación a la escasa información
sobre estos servicios y a la falta de recursos. Tanto el PSOE como Ciudadanos
apuestan por garantizar "cuidados paliativos integrales de calidad y
asistencia domiciliaria". De acuerdo con esto, estas personas tendrán
derecho a recibir "una atención específica que prevenga y alivie el
dolor" y a recibir "sedación paliativa, aunque ello implique un
acortamiento de la vida". Ni el PSOE ni Ciudadanos se refieren a
lo largo de sus respectivos textos a la objeción de conciencia en ninguno de
los supuestos aunque actualmente generen algunos conflictos –sobre todo la
sedación paliativa–. El partido de Albert Rivera solo concreta a este respecto
que "las instituciones sanitarias deberán arbitrar los medios para que los
derechos no se vean mermados, incluida la negativa del profesional". Unidos
Podemos sí admite este supuesto para la eutanasia y el suicidio asistido, pero
obliga al sanitario objetor a "ofrecer al solicitante de eutanasia otro
médico" que no lo sea. En ningún caso, el derecho a la objeción –recoge el
texto– puede impedir "el ejercicio del derecho a la eutanasia".
Como decíamos, en el transcurso de los
siglos y las décadas la sociedad occidental ha ido introduciendo cambios que
modifican la forma de vida, los valores, la moral colectiva. Se suponía, por
ejemplo, que las mujeres tenían que dar a luz con dolor porque así lo establece
el mandato bíblico y sin embargo la ciencia médica ha conseguido que los partos
sean sin excesivo sufrimiento. Tras la consolidación del divorcio y el aborto
ha venido la regulación de los derechos de los homosexuales, y asoma asimismo
la legalización del uso del cannabis en ciertos supuestos, legalización del
consumo más allá de los usos médicos que ya está vigente en varios países. Se
ido abriendo paso una mentalidad tolerante, laicista, que en los países de
mayoría católica registra mayor resistencia de las capas más conservadoras. Los
avances tecnológicos no se detienen, antes bien hacen suponer que dentro de
tres o cuatro décadas habrá variado la manera de procrear; algunos piensan que
no harán falta úteros, óvulos o esperma. Incluso hay quienes pronostican que
nos reproduciremos sin necesidad de sexo y los niños serán gestados en
incubadoras artificiales. ¿Será esto así?
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